De todos es conocido que en los años 70 del siglo pasado se promulga la Ley 14/1970, General de Educación, la llamada ley Villar Palasí, que requería un esfuerzo de inversiones en educación, nunca antes conocido en España, al objeto de modernizar nuestro sistema educativo, universalizando sobre el papel las enseñanzas básicas, pero con una financiación que fue considerada por UGT desde el comienzo de su aplicación como insuficiente.
Se trataba, en perspectiva, de homologar la educación en España, a largo plazo, con los sistemas democráticos de los países referentes de la Unión Europea. Y para intentar hacer posible esa apuesta el Ministerio de Educación se vio obligado a realizar varias convocatorias masivas de Ofertas de Empleo Público de funcionarios docentes y a la contratación continua de personal interino para la provisión de la demanda que paulatinamente generaba la mencionada norma.
Con la llegada al poder de los socialistas, en octubre del 82, y su compromiso programático con las políticas sociales, y particularmente con la escolarización universal del alumnado en las enseñanzas obligatorias, de 6 a 16 años entre educación primaria y secundaria obligatoria, unido a una enseñanza que busca la calidad en equidad mediante la atención a la diversidad del alumnado para hacer viable la igualdad de oportunidades, significaron un impulso fundamental que culminó con el desarrollo de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) durante los años 90. Esa política educativa socialista requirió unos incrementos de plantillas docentes que desbordaban al alza las previsiones y obligaban a las administraciones educativas a contratar un porcentaje muy significativo de funcionarios interinos y sustitutos, en torno al 30% total de las plantillas, generándose un empleo masivo, inestable y precario, en condiciones salariales, laborales y sociales discriminatorias respecto al funcionario de carrera.
En los inicios de la promulgación de la LOGSE (1990), la UGT, entre otros sindicatos, anunció la convocatoria de una jornada reivindicativa y de movilización de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza para el día 10 de mayo (El País, 27/04/1990) que se concretaría en paros generales o parciales según decidiesen sus respectivas organizaciones en las distintas Comunidades Autónomas, en defensa de una reforma educativa propia de una democracia avanzada.
Asimismo, desde UGT con esta convocatoria perseguíamos que ese día fuera la culminación de una campaña de concienciación de las comunidades educativas en los aspectos progresistas del proyecto gubernamental de la Ley, alcanzados gracias a la negociación de los sindicatos con la Administración, e incluyendo entre otros aspectos, una mayor financiación para la enseñanza pública, una mayor reconocimiento social y de la Administración al profesorado y un cuerpo único docente.
Al mismo tiempo, UGT en Andalucía, toma una especial relevancia en las negociaciones de los Acuerdos de Estabilidad de los Interinos docentes que teniendo como referencia en nuestra Comunidad autónoma el “Pacto de Estabilidad del profesorado interino” de 7 de abril de 1993, se fue desarrollando mediante los Acuerdos de 23 de febrero de 2000, que garantizaban la estabilidad al colectivo, durante los tres cursos siguientes y les reconocía un conjunto de derechos similares a los de los funcionarios docentes.
Estos Acuerdos fueron prorrogados y mejorados con otros en 2003, y 2007, firmados en su práctica totalidad por el conjunto de las Organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación. Y finalmente, en el Acuerdo de 2009, firmado por UGT, en el marco de la puesta en funcionamiento de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA).
UGT Enseñanza ha estado siempre presente en los Acuerdos de Estabilidad de Interinos docentes, que contienen diversos compromisos para con estos empleados públicos, entre los que cabe destacar el incremento de su estabilidad laboral, la disminución paulatina del porcentaje de interinos docentes en los centros y que tiendan a igualarse las plantillas orgánicas a las de funcionamiento, o el facilitar su acceso a la función pública docente mediante las modificaciones pertinentes en los Reales Decretos de acceso a la función pública (concurso oposición, simplificación de pruebas, no eliminatorias, o la doble vía…) Compromisos todos ellos que están obligados a observar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, atendiendo al reconocimiento máximo de la experiencia profesional respetando la jurisprudencia constitucional (hasta un 40% del valor total del concurso oposición), o la articulación de otros derechos similares a estos funcionarios docentes, tales como, permisos y licencias, intercambios temporales (permutas), promoción retributiva, entre otros.
En ellos, la UGT Enseñanza, como sindicato progresista y de clase, ejerciendo el binomio de negociación/presión, ha realizado un papel determinante en la formulación, en la concreción y en la constante vigilancia de estos Acuerdos para su correcto cumplimiento. Y en coherencia con ello, hemos denunciado el falso relato social que atribuye indebidamente las mejoras de las condiciones de trabajo de los interinos a otras Organizaciones como los STEs, USTEA, en Andalucía, que en marzo de 2003 firmaron, por última vez, Acuerdos para los interinos.
Porque entre las reivindicaciones y objetivos sindicales de UGT ha figurado permanentemente la defensa de un trabajo decente y con derechos, como base imprescindible en el desarrollo de Andalucía y de un Estado moderno comprometido con la calidad de su Educación, acorde con las inversiones que a ella dedica y con el reconocimiento social que confiere a su profesorado, y apoyando, en todo momento, los principios de “A igual trabajo, igual salario” para el conjunto de los funcionarios interinos.
Actualmente, estamos saliendo de una década caracterizada por la crisis y notables recortes en los presupuestos; recortes que han afectado notablemente a la Administración andaluza poniendo en peligro los avances educativos conquistados con anterioridad y el objetivo de una educación inclusiva de calidad en equidad. En este escenario, se están presentando jubilaciones masivas de aquellos docentes que ingresaron en el sistema a principios de los años ochenta, lo que unido a las nuevas necesidades de especialistas en centros bilingües, el desarrollo de la Ley andaluza de la Formación Profesional, la mejora del apoyo interno y externo en los centros, por citar algunas variables, obligarán al sistema educativo a su actualización y al incremento de personal que deberá proveerse mediante amplias convocatorias de empleo público docente en los próximos años.
Finalmente, significar que desde la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT en Andalucía, FeSP UGT/Andalucía, tras la congelación durante años por el Gobierno de la Nación de la tasa de reposición (de 2011 a 2016), ha seguido reivindicando mejoras en el empleo hasta la reciente consecución de un Acuerdo a nivel estatal, junto con otras Organizaciones Sindicales presente en la Mesa, que se ha plasmado en la Mesa General de Negociación Común de la Junta de Andalucía mediante la suscripción de otro Acuerdo que aumenta la estabilidad del empleo temporal en la Administración autonómica (Decreto 213/17, 26 de diciembre, BOJA, de 28 de diciembre).
Este contiene, entre otros temas, la necesidad de una gran apuesta de incremento de personal docente, mediante cinco convocatorias extraordinarias (con un total de 12.603 plazas), independientemente de las Ofertas Públicas de Empleo ordinarias en los próximos años con más de 2000 plazas/año, al objeto de seguir avanzando en la Estabilidad del Empleo, la mejora del sistema educativo y en las condiciones laborales y salariales del profesorado, tanto interino como funcionario docente de carrera.
FeSP/UGT-Andalucía, desde el Sector de Enseñanza, mantiene una responsabilidad y compromiso histórico con el personal interino docente, “La Estabilidad en el Empleo”.
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR@S
Sandra Fernández Ortiz
Secretaria del Sector de Enseñanza FeSP UGT Andalucía
