UGT EXPLICA EN ANDALUCÍA EL CONTENIDO DE LA FIRMA DEL V CONVENIO ÚNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LOS 40.000 LABORALES

En la anterior campaña de Elecciones Sindicales (Junio 2015) desde la Unión General de Trabajadores apostamos por conseguir un nuevo Convenio Colectivo para los 40.000 trabajadores y trabajadoras (Personal Laboral) que integran el ámbito de aplicación del III Convenio Único de la Administración General del Estado.

Con ese fin alcanzamos un acuerdo UGT y CCOO, que representamos una mayoría absoluta y cualificada en el ámbito, para formalizar la denuncia del anterior convenio, cuya vigencia había finalizado en 2009.

Los OBJETIVOS históricos que perseguíamos en aquel momento pasaban por concluir los que nos fijamos en 1998 cuando suscribimos el I Convenio Único del Personal laboral en la AGE:

  • Que sea un Convenio Único, en tanto y cuanto establezca unas condiciones laborales homogéneas para todos los colectivos de los distintos Departamentos Ministeriales que conforman la AGE. Es necesario acabar con la transitoriedad que todavía perdura a través de disposiciones que establecen condiciones diferentes en función del convenio de origen del que se proceda. Hay que recordar que se unificaron más de medio centenar de convenios existentes en su día.
  • Que facilite la movilidad interdepartamental e interterritorial, a través de la articulación, como procedimiento ágil y ordinario de provisión de puestos de trabajo, del Concurso abierto y permanente. Y que fomente, por otro lado, la motivación y satisfacción del personal mediante procesos de promoción interna anuales.
  • Que camine hacia la figura del Empleado Público, estableciendo la homologación retributiva con el personal funcionario para categorías profesionales equivalentes. Recientemente el Sector AGE de la FeSP-UGT presentó un Informe bajo el epígrafe Mapa de la Desigualdad Salarial en la AGE, en el que poníamos de manifiesto las brechas salariales existentes entre los distintos colectivos. La más grave, sin duda, es la significativa diferencia entre las retribuciones medias del personal funcionario y laboral, como pone de manifiesto la Memoria sobre prácticas socialmente responsables en la AGE 2016, elaborada y publicada por el Ministerio.

Junto a la consecución de estos tres objetivos fundamentales hacia los que vamos avanzando desde la década de los 90 del pasado siglo, hemos añadido otros objetivos sobrevenidos o, mejor dicho, generados por la crisis económica y la evolución legislativa de estas dos décadas, entre los que caben destacar:

  • Un nuevo Sistema de Clasificación Profesional adaptado al art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público y a las titulaciones actuales del Sistema Educativo Español, basado en la titulación que se exigirá para el acceso a los distintos grupos. De tal forma que los actuales Grupos 1 y 2 se encuadren, respectivamente, en los niveles M3 y M2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Se crearía un nuevo Grupo M1 para Técnicos Superiores de FP (Nivel 1 MECES) y en el Grupo E2 (Enseñanzas Medias) a los Bachilleres se unirían los Técnicos de Grado Medio de FP, actualmente encuadrados en el Grupo 4. Y en el Grupo E1 se integrarían las Enseñanzas Básicas (FP Básica y ESO).
  • Unos salarios dignos que vengan a paliar la devaluación que sufrieron con la rebaja del 5% en 2010 y las sucesivas congelaciones salariales desde 2011 hasta 2015, que fueron incluso denunciadas en el Informe que emitió el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplimiento de la Carta Social Europea. En ese sentido, en la Plataforma conjunta que presentamos UGT y CCOO exigimos que se avance hacia el objetivo de un salario mínimo de 1.200 € mensuales.
  • Y en tercer lugar, pero no menos importante, después de las modificaciones legislativas que suprimieron la jubilación especial a los 64 años, reivindicamos el acceso a la jubilación parcial anticipada con contrato de relevo del Personal Laboral del que será el IV CUAGE, que apueste por la transmisión intergeneracional de conocimientos y el rejuvenecimiento de las plantillas.

El 14 de enero de 2016 se constituyó la Comisión Negociadora tal y como mandata el art. 89.2 del Estatuto de los Trabajadores (un mes a partir de la denuncia). Sin embargo, los AVANCES DE LA NEGOCIACIÓN fueron prácticamente nulos durante más de dos años por la falta de voluntad política del Gobierno del PP.

Promovimos movilizaciones que dieron como resultado la devolución de determinados derechos sustraídos durante la crisis, como la paga extra de diciembre de 2012, los canosos y los moscosos. Y firmamos el I Acuerdo por el Empleo en marzo de 2017.

Volvimos a movilizarnos en la primavera y el otoño de 2017 y conseguimos el II Acuerdo por el Empleo y las Condiciones de Trabajo de marzo de 2018. Esta vez con subida salarial para el conjunto de las administraciones públicas de entre un 6.1% y un 8.79% para el trienio 2018-2020. Pero no conseguimos nada específico para el ámbito del CÚ.

 

Por el contrario, la llegada del Gobierno Socialista, supuso un soplo de esperanza. UGT, tras una primera reunión con la Ministra Batet, consiguió situar en la agenda política del Gobierno la negociación del IV CÚ como objetivo prioritario.

Además atendió a nuestro primer requerimiento suscribiendo, como primer Acuerdo con UGT, la supresión de los descuentos por Incapacidad Temporal.

En ese sentido, el 30 de julio calendarizamos la negociación del trimestre Septiembre – Octubre – Noviembre con la finalidad de que antes de fin de año viera la luz el nuevo convenio. Un Convenio que para la UGT es imprescindible que reconozca la cualificación y profesionalidad de los actuales trabajadores y trabajadoras, por un lado, y por otro, sea lo suficientemente estimulante para nuestros jóvenes de forma que la AGE sea atractiva para ellos. Y ello sólo será posible con unos salarios dignos.

EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, UGT Y CCOO PACTAMOS CON EL GOBIERNO LOS INCREMENTOS RETRIBUTIVOS.

Con este acuerdo se despejó uno de los principales obstáculos y se abrió una posibilidad real de finalizar la negociación.

No hay duda de que las cuestiones retributivas han sido uno de los ejes principales de nuestras reivindicaciones. En ese sentido, elevar el salario mínimo de forma significativa y paliar la diferencia existente entre sus retribuciones medias y las del Personal Funcionario en el ámbito de la AGE para categorías profesionales equivalentes, eran para UGT cuestiones irrenunciables.

Igualmente, nuestra apuesta por el empleo público y el rejuvenecimiento de las plantillas mediante la aplicación de la jubilación parcial ha sido otro de los elementos esenciales que entendíamos imprescindibles en el nuevo Convenio.

Por fin, Función Pública trasladó a UGT y CCOO que el Gobierno estaría en condiciones de dedicar una cuantía muy importante de los fondos adicionales pactados a las retribuciones básicas del Convenio Único y, adicionalmente, asumir el coste de la nueva clasificación profesional. De esta forma se alcanzaría un salario mínimo en el actual Grupo 5 de 1.161 €/mes en 2020, manteniendo un abanico salarial similar al actual.

Respecto a la jubilación parcial no existía una negativa tajante y mantuvimos nuestra propuesta como objetivo prioritario, a la espera de una respuesta definitiva.

Con estos elementos —considerando los avances relativos a la movilidad con el concurso abierto y permanente o en la clasificación profesional, adaptándola al sistema educativo y de cualificaciones profesionales- podíamos afirmar que se habían superado los principales obstáculos en la negociación y se abría la posibilidad real de concluirla en las fechas señaladas con un acuerdo que cumpliera buena parte de las expectativas que nos marcamos al inicio de la misma.

 

En esta misma reunión de la Comisión Negociadora el portavoz de UGT anunció la remisión de una carta a la Ministra Batet en la que exigíamos el reconocimiento del derecho a la Jubilación Parcial Anticipada del Policía Local, como condición irrenunciable para la firma del IV Convenio Único.

Adjuntamos la CARTA ENVIADA A LA MINISTRA

UGT Y CCOO EXIGIMOS UNA CLASIFICACIÓN SIN EXCLUSIONES EN EL IV CÚ

La integración en la nueva clasificación del personal laboral que realiza tareas que la Ley reserva al personal funcionario es uno de los escollos más importantes que venían impidiendo el cierre de un acuerdo en esta materia.

En ese sentido, CCOO y UGT planteamos a la Administración como condición «sine quo non» que estos trabajadores no sufrieran discriminación retributiva alguna con respecto a los trabajadores que, en el III CÚ, estaban integrados en los mismos grupos profesionales. En consecuencia, anunciamos a mediados de febrero que no consentiríamos que haya ningún tipo de fraccionamiento en los actuales grupos profesionales.

Asimismo, deberán mantener intactos sus derechos de promoción y movilidad tal y como están establecidos en el III Convenio.

Por otro lado, para este personal se deberán promover procesos de promoción interna a los Cuerpos o Escalas que tengan asignadas tales funciones. El sistema selectivo deberá ser en convocatoria independiente y restringida. Asimismo deberán establecerse garantías de localidad y retributivas para el personal que supere estos procesos selectivos.

Por último, con respecto a los puestos encuadrados en especialidades no coincidentes en la actualidad con títulos de Formación Profesional, UGT y CCOO exigimos que siga abierta la posibilidad de un encuadramiento posterior cuando se encuentre alguna solución a la imposibilidad de encuadramiento con el resto de su actual grupo profesional.

En conclusión, UGT y CCOO planteamos que a la mayor brevedad, dada la coyuntura actual, la Administración presentase una propuesta de integración definitiva en la nueva Clasificación que contemplase estas premisas, para poder allanar el camino hacia un acuerdo definitivo para que el IV CÚ del Personal Laboral de la AGE vea la luz.

En otro orden de cosas y dada la premura de tiempo, resulta imposible revisar el sistema retributivo complementario. Por ello, desde UGT planteamos la creación de una Comisión para el estudio, análisis y en su caso ordenación y redefinición de los complementos de puesto de trabajo de tal manera que se establezcan de manera homogénea, objetiva y completa para no generar agravios entre el personal de distintos Centros y Ministerios. A esos efectos debería desarrollar sus trabajos a lo largo de 2019 y contar para su aplicación con fondos adicionales de 2020. Esta Comisión realizaría un estudio sobre la posible implementación de la carrera horizontal entre el personal laboral en paralelo al desarrollo del artículo 17 del EBEP.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL 22 DE FEBRERO

La Administración, por fin, respondió a las propuestas de la mayoría social que conforman UGT y CCOO :

  • Jubilación Parcial Anticipada a partir de 1 de Enero de 2021.
  • 25% de los fondos adicionales de 2020 para Complementos (6 millones de €).
  • Acceden a nuestros planteamientos para el personal que realiza tareas reservadas a personal funcionario, sin discriminación retributiva.

UGT Y CCOO DECIDIMOS FIRMAR EL LUNES, 4 DE MARZO, EL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Ambos sindicatos —la mayoría en la mesa de negociación- hemos alcanzado, tras varios meses de duras e intensas negociaciones, un acuerdo con el Gobierno sobre un texto y unas tablas salariales que suponen un importante avance en las condiciones de trabajo de cerca de 40.000 trabajadores y trabajadoras de este ámbito. 

Han sido más de tres años tras aquella denuncia, a la que no se unieron otros sindicatos por no oponerse al gobierno de entonces, marcados en su mayor parte por la nula voluntad del gobierno del Partido Popular de llegar a acuerdos. Esta paralización de la negociación llevó a UGT y CCOO a convocar movilizaciones de empleadas y empleados públicos por todo el territorio nacional, pero no fue hasta el mes de septiembre pasado, con el cambio de gobierno, cuando se pudo impulsar verdaderamente el diálogo.

Tras meses de intensas reuniones, y de ir acercando posturas con la Administración, CCOO y UGT consideramos que se han alcanzado la mayoría de los objetivos que nos habíamos marcado en 2015, empezando por una mejora retributiva para el personal laboral de la AGE que se cifra en un incremento del 14 % entre 2018 y 2020 para los salarios más bajos.

Punto esencial de este nuevo Convenio es la adecuación de la clasificación profesional al marco educativo en vigor y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo que supone una verdadera modernización de la clasificación del personal laboral y permite al tiempo una clara definición de especialidades y de puestos de trabajo, reivindicación que UGT y CCOO llevábamos años poniendo de manifiesto.

El IV Convenio Único contempla por primera vez en el ámbito de la Administración General del Estado la posibilidad para el personal de acogerse a la jubilación parcial anticipada. Este objetivo, logrado en el último momento tras dirigir ambas organizaciones una carta a la ministra Meritxell Batet marcándolo como clave para llegar a un acuerdo final, supone un antes y un después en la situación del personal laboral de la AGE, cuya media de edad actual supera los 55 años.

Otros aspectos como la revisión de las retribuciones complementarias, el desarrollo del derecho a la carrera profesional, la implantación de un sistema ágil de movilidad para el personal o el impulso a procesos de cambio de régimen jurídico para personal laboral que desarrolla tareas análogas a las de personal funcionario son algunas de las metas que CCOO y UGT nos habíamos fijado. Ambos sindicatos consideramos que incluir estas medidas en el Convenio Único hace que el texto responda a las exigencias planteadas y redunde en beneficio de las trabajadoras y trabajadores durante los próximos años.

HEMOS PUESTO EL SELLO DE LA DIGNIDAD EN EL IVCÚ

Ponemos fin a una década de desencuentros.

Cuando la UGT y CCOO denunciamos el IIICU, el 15-Dc-2015, estábamos diciendo ahora nos toca, ahora personal laboral. Ese personal que se había visto excluido de los fondos adicionales de 2007, que había visto expirar en diciembre de 2009 su Convenio y en mayo de 2010 veía reducido su salario en un 5% por Decreto y después congelado durante 5 años consecutivos.

Ese año 2015 teníamos una serie de objetivos, el 1º de los cuales era sin duda recuperar unos salarios dignos. Recuperar poder adquisitivo para acercarnos a la media de otras Administraciones Públicas y hoy tenemos, con cargo a los fondos de 2018, una paga lineal de 280€.

Queríamos una nueva Clasificación Profesional, sin exclusiones y conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, para homologarnos al Personal Funcionario y hoy la tenemos con un incremento medio de retribuciones del 5,5% en 2019.

Queríamos un Convenio Único, de verdad, y en 2020 dispondremos del 25% de los fondos adicionales derivados del II Acuerdo por el Empleo –unos 6 millones €- para homogeneizar los complementos y las condiciones de trabajo de todos los ministerios.

Queríamos recuperar el derecho a la jubilación anticipada y en 2021 tendremos la jubilación parcial anticipada, que permitirá el rejuvenecimiento de las plantillas.

Queríamos un sistema de movilidad más ágil y hoy tenemos el concurso abierto y permanente. Queríamos procesos de funcionarización en procesos restringidos y con garantías y hoy hemos firmado un Acuerdo al respecto.

En definitiva, y aunque hemos dejado algunos objetivos aparcados, pienso que hemos firmado un Convenio Único, Moderno y Digno que recoge, aunque sea parcialmente, nuestras principales reivindicaciones.

Acabo como empecé, porque la dignidad es el salario. Hemos mejorado las retribuciones de todo el Personal Laboral inyectando más de treinta millones de euros en la masa salarial del Convenio; pero en un ejercicio de solidaridad, suben más las de los que menos cobran. Así los casi 10000 trabajadores del G5 que hace un año cobraban 998€ hoy cobran 1136€ y en el año 2020, según evolucione la economía, cobrarán entre 1161€ y 1198€.

¡¡YA NOS TOCABA!!
#AHORANOSOTRAS #AHORANOSOTROS

Carlos Javier Álvarez Andújar
Sº Administración General del Estado FeSP UGT