Para UGT, el CES es exponente del diálogo social institucionalizado ya que a través de su papel de máximo órgano consultivo del Gobierno en materia económica y social se consigue poner el acento social en todas las políticas económicas que se desarrollan en nuestro país, a través de los dictámenes de proyectos de ley y de los estudios y opiniones realizados a iniciativa propia, en materias todas ellas de vital importancia y actualidad para nuestro país. Pero si hay un documento relevante, que tiene una amplísima difusión en todas las instituciones españolas, empezando por el propio Presidente del Gobierno, ministerios, partidos políticos, presidentes de instituciones, etc…, este es la Memoria Socioeconómica y laboral de España, donde se recogen todos los análisis y estudios realizados por el CES a lo largo de un ejercicio y que además han sido fruto de debate y consenso entre todos los grupos que componen el CES: empresarios, organizaciones sindicales más representativas y otras entidades de la economía social, lo cual da a este documento un fuerte valor añadido que ningún texto de análisis en materia socioeconómica y laboral posee, convirtiéndolo en texto de referencia.
Este año se han cumplido 25 años que los que el CES analiza la situación socioeconómica y laboral de España, la Memoria número 26, con la cual volvemos a cumplir con el mandato legal contenido en la Ley de Creación del CES, en su artículo 7.
La Memoria expresa, pues, el compromiso del CES de trabajar cooperativamente para llegar a diagnósticos compartidos sobre la situación socioeconómica y laboral de España. En este sentido, la Memoria es uno de los mejores ejemplos de lo que se viene conociendo como diálogo social institucionalizado. En el ámbito de una institución, como es el CES, los agentes sociales y las representaciones de la sociedad civil organizada dialogan, y llegan a acuerdos, siendo el destinatario institucional de estos acuerdos el Gobierno de la Nación, del que este Consejo Económico y Social es órgano consultivo. Estamos hablando del desarrollo de nuestra actividad propia en el marco de la democracia participativa.
El título habla de dos retos: estabilidad y desarrollo sostenible. Estos son los temas transversales que vertebran esta Memoria correspondiente a 2018. Se subraya cómo el crecimiento de un 2,6% de la economía española, por encima de la media de la Unión Europea, ha permitido la reducción de desequilibrios que bien aparecieron con la crisis, bien se manifestaron en esta. Sin embargo, tal y como señala la Memoria, aún persisten vulnerabilidades que ponen en riesgo la continuidad del crecimiento y la creación de empleo. Los desequilibrios que suponen un riesgo a la continuidad del crecimiento creador de empleo son la sostenibilidad de la deuda externa, la deuda pública y privada y la situación del mercado de trabajo, en un contexto de débil crecimiento de la productividad.
Por otro lado, son de sobra conocidos los nefastos efectos que la crisis ha tenido sobre las rentas del trabajo, originándose en este periodo una devaluación salarial sin precedentes en la historia de nuestra democracia en España. También, durante la crisis las estadísticas europeas pudieron constatar cómo España se situó a la cabeza en incremento de la desigualdad, siendo por ello establecido en la Memoria dos retos necesarios a afrontar para alcanzar la estabilidad y sostenibilidad por la que aboga su propio título: las profundas y persistentes desigualdades en la renta disponible o el elevado riesgo de pobreza o exclusión social, que pese al crecimiento económico no da muestras de reducirse significativamente.
En general, la situación social solo da muestras de mejora si hablamos de protección social o de inclusión, pero no se han superado del todo las secuelas sociales de la crisis, ya que se mantienen niveles de pobreza monetaria altos, y en especial, la que afecta a los menores y jóvenes (en torno al 28%). Todo ello es reflejo de las persistentes desigualdades en el mercado de trabajo conjuntamente a la limitada capacidad de las políticas públicas para reducir la pobreza. El sistema de protección social logra reducir la pobreza en un 50%, capacidad muy limitada respecto a los países del entorno, especialmente evidente en las situaciones más extremas de vulnerabilidad social como desempleados, extranjeros o familias monoparentales.
Hablamos pues, como punto de partida para erradicar lo anterior, de superar vulnerabilidades en el ámbito del mercado de trabajo, la productividad y, por supuesto, la desigualdad. Aunque el promedio de empleo se sitúa en los 19,3 millones de personas, este está todavía por debajo de antes de la crisis (20,6 millones en 2007). Destaca especialmente el mayor impacto de la crisis entre los jóvenes, con una tasa de empleo aun inferior a antes de la crisis y, por contra, con una temporalidad muy por encima de la de antes de la crisis: 85% en el tramo 16-19 años, y 70% en 20-24.
Esta situación, evidencia la necesidad de nuevos instrumentos para reducir la elevada temporalidad en general, pero sobre todo en los menores de 30 años. Algo que requiere de una mayor inversión en políticas activas de empleo, pues según recoge la Memoria, los recursos destinados a políticas activas descendieron en un 25,2% y se sitúan por debajo de la media de la UE-28. También aparece como necesario el afrontar un cambio demográfico que se proyecte en la gran mayoría de las políticas de protección social. La situación actual dibuja un panorama en el cual la feminización de la vejez hace llegar a esta etapa las desigualdades de ingresos presentes en la sociedad actual, fruto de los desequilibrios de la crisis y derivadas de la brecha de género en edades activas. Este es otro de los grandes retos de nuestro país si hablamos de desigualdad: superar la brecha de género que se hace más profunda, si cabe, superando el 35%, cuando hablamos de pensionistas. Además se constata que el medio rural presenta un mayor desequilibrio demográfico que el urbano, debido fundamentalmente al problema del despoblamiento.
Y, por último, y con carácter general, la Memoria identifica tres cambios que requieren actuaciones de carácter estructural respecto de nuestra economía: de lo analógico a lo digital, de lo material a lo intangible, y de lo lineal a lo circular. Se habla de estos cambios y de los retos que supone afrontarlos. Es el resultado, una vez más, del diálogo. Un diálogo entre los miembros del CES y las organizaciones representativas de los agentes sociales y de la sociedad civil. Un diálogo también con representantes del ámbito científico y de las instituciones de la Unión Europea, porque es conocida la vocación europeísta que caracteriza a nuestro Consejo. No en vano, recientemente hemos presentado públicamente nuestro informe sobre la Gobernanza económica de la UE en 2019, y este año supone el sexto consecutivo.
Mª Carmen Barrera Chamorro
Sª de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social UGT
Consejera del CES (Responsable política del Grupo de UGT)
